Nuevamente se repercutirán subidas fiscales aprobadas por parte del ejecutivo central a las ya tan sufridas y denostadas transacciones inmobiliarias. Estas vendrán reflejadas en el incremento de los pagos de la plusvalía municipal, de cara a los propietarios de inmuebles que desean o tengan que vender sus casas y del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Como bien es sabido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal es un impuesto directo, de devengo instantáneo, municipal y de establecimiento voluntario por los ayuntamientos, a quienes corresponde íntegramente su gestión y son estos últimos los que han solicitado este incremento y/o revisión catastral para la corrección de los valores reales de mercado de los inmueble. Algunos bajaran de precio, aun cuando en la mayoría de los casos subirá, incremento que se repercutirá en los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2.452 municipios de toda España. Las capitales de provincia donde entraran en vigor dichas subidas de incremento tributario se encuentran ALICANTE, JAEN, TARRAGONA, CORDOBA, GRANADA, CADIZ, BADAJOZ, VALENCIA Como 2017 comenzará con el presupuesto prorrogado y el IBI es un impuesto que se devenga el 1 de enero de cada año, el Gobierno ha aprobado por decreto ley estas revisiones, para que entren al comenzar el ejercicio y no cuando se aprueben las nuevas cuentas, que previsiblemente será en abril. Hacienda señala que la aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2017 tiene una repercusión inmediata en el IBI. El Ejecutivo precisa, sin embargo, que los 2.452 ayuntamientos afectados no podrán aprobar a tiempo nuevas ordenanzas fiscales para adaptar los tipos de gravamen en el IBI. Debido a ello, no verían cumplidas las previsiones presupuestarias que hubieran realizado contando con dicha actualización. Desde nuestra inmobiliaria KING HOUSE, en Torrent, intentaremos explicar dicha subida de impuesto con un ejemplo, para que visualmente sea un poco más entendible: Por ejemplo, si un ayuntamiento pidió la actualización y esta se salda con una revisión a la baja de los valores catastrales, el consistorio se arriesga a quedarse sin tiempo, en el caso de que aún no lo haya hecho, de subir los tipos del IBI de cara a 2017 para compensar el impacto negativo en sus arcas públicas. Los ayuntamientos tienen hasta marzo de un año para aprobar ordenanzas fiscales en el IBI de dicho ejercicio y así lo admite una sentencia del Tribunal Supremo, apunta Salcedo. Lo mismo ocurre si la revisión es al alza y el municipio quiere bajar los tipos del impuesto para que sus vecinos no paguen más cuota: el consistorio deberá acelerar sus planes. Si bien en octubre se publicó en el BOE la orden ministerial con los ayuntamientos que habían pedido la revisión, estos no conocían los coeficientes que iba a aplicar Hacienda hasta el pasado sábado. Como el Gobierno estaba hasta hace poco en funciones, los consistorios no sabían si finalmente iba a dar tiempo de aprobar la actualización de sus referencias. EN CONCLUSIÓN: Al final de la película, entre las muchas subidas y las pocas revisiones a la baja, ésta acción repercutirá con un impacto directo de alrededor de 24 millones de euros, que se inyectaran en vena a las arcas de todas las corporaciones locales de toda España. La verdad es que desde que empezó la crisis los ayuntamientos no han dejado de subir el IBI de una forma u otra, convirtiéndolo en el gran caudal de ingresos y fuente más importante de financiación. . El IBI es un impuesto contra cíclico: pese a que la actividad se deprima, como grava la propiedad, sus ingresos son estables. En un país en el que el 80% de las viviendas están en régimen de propiedad, España recauda más que la media de la UE por este impuesto: un 1,2% del PIB frente al 0,8% de media en la UE de 2015. Algo parecido ha ocurrido con la plusvalía municipal, que grava el incremento de valores en la transmisión de un inmueble: si en 2007 ingresaba 1.416 millones, a golpe de catastro su recaudación ha subido como la espuma y en 2015 aportó 2.439 millones a las arcas locales. Como medida inmediata de dinero rápido funciona, pero como contra parte, deterioran más aun (si esto es posible) el bolsillo del contribuyente, se reducen la operaciones inmobiliarias por el respeto a hacer frente al pago cada vez más grande de una plusvalía por venta de propiedad, es poco original y siempre terminan pagando los mismos y la creatividad de los ayuntamiento queda reducida al mínimo. La verdad es que imaginamos esto tiene un tope en cuanto a subida y si no se quiere enfriar la compra venta y por ende la poca construcción que actualmente existe y que tanta mano de obra genera, se debería dejar de recurrir al tan siempre recurrido impuesto y propiciar con ingenio otros gravámenes mas acordes en cuando a niveles de renta y contaminación, impuestos verdes o cualquier otro más justo.